Uno de los ejes del primer erario fiscal de la administración Boric apunta a robustecer la seguridad social, y en esto figura como uno de los temas más relevantes la ampliación del universo de la Pensión Garantizada Universal.

Con un acento marcado por la seguridad ciudadana, la reactivación económica y la protección social, el Presupuesto de la nación para 2023 contempla un crecimiento del gasto público de 4,2%, dejando atrás la histórica caída de 24,1% proyectada para el año en curso. Esto, en el marco del proceso de normalización de las finanzas públicas, tras dos años de expansión para enfrentar la pandemia.

Según manifestó el Presidente Gabriel Boric durante su discurso en cadena nacional, el primer erario de su administración «está pensado para resolver concretamente los problemas de las personas con una sólida base de responsabilidad fiscal, tal como lo hacen ustedes en sus hogares que deben administrar el presupuesto de manera responsable y anteponiendo siempre el bienestar de cada uno de sus miembros».

En esa línea, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ahondó -en entrevista con Radio Cooperativa- en los focos de las partidas que incorpora el proyecto de ley, afirmando que este «va a reflejar las prioridades del actual Gobierno y las preocupaciones emergentes de la ciudadanía».

De esta forma, uno de los ejes en los que se centra la propuesta fiscal es la seguridad social, con un aumento del gasto de 8% respecto del Presupuesto 2022, que se concentrará en pensiones, salud, educación y niñez. En esté ámbito figura como uno de los temas más relevantes la ampliación a alrededor de 2,2 millones de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

En concreto, el Mandatario dijo que son casi 2 millones 300 mil personas las que tendrán una jubilación garantizada de $193.917, producto de la ampliación de la cobertura al 90% de las personas mayores de 65 años. «Pero no podemos quedarnos tranquilos, seguir aumentando las pensiones de las personas mayores en el corto plazo es la meta que nos hemos puesto como Gobierno, hasta alcanzar al menos los $250 mil mensuales de PGU durante nuestro mandato, para ello serán fundamentales los recursos que generará la reforma tributaria», aseguró.

Además, destacó que de la totalidad del incremento del gasto público propuesto para el próximo año, un 60% se utilizará para sustentar la PGU. Recordar que se trata de un aporte estatal que reemplaza los beneficios de vejez del Pilar Solidario, cuyo pago mensual está a cargo del Instituto de Previsión Social (ISP).

El anuncio se da en medio de las críticas que han surgido desde Chile Vamos por la entrega del beneficio al 90% de la población mayor de 65 años, en vista que las últimas cifras del IPS señalan que, en lo que va de la ampliación de la cobertura, se han otorgado más de 100 mil nuevas PGU, pero en torno a 35 mil personas quedaron fuera del aporte en el mismo periodo.

Según consignó El Mercurio, ello responde al cambio en el universo de beneficiarios, que pasó desde el 60% vulnerable del total de la población en el Pilar Solidario, al 90% de la población, pero solo de mayores de 65 años, a quienes se les aplicó el denominado test de afluencia para medir patrimonio.

Por lo mismo, senadores de derecha -entre ellos Juan Antonio Coloma (UDI) y Rodrigo Galilea (RN)- urgen al Ejecutivo reevaluar la exclusión de adjudicatarios y revisar la metodología empleada para definir quiénes pertenecen al 90% de menores ingresos.

«Un gasto necesario» y «puede ser un problema»

Sobre la ampliación de la PGU que se menciona en el Presupuesto 2023, Rodrigo Montero, decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, señala que «las pensiones son un tema muy sensible en nuestro país, y me parece que hay un consenso bastante generalizado en que ahí se debe avanzar con más determinación».

En conversación con Emol, sostuvo que se trata de «un gasto necesario, que no se puede soslayar, la ciudadanía ha marcado claramente que acá estamos al debe. Por cierto, también es importante avanzar en la ley de pensiones, que permita apuntalar también las pensiones de la otra parte de la población que no recibe la PGU. Ahí esperamos que muy pronto se inicie la discusión en el Congreso pues será un proyecto complejo, difícil de tramitar, en donde conviven distintas miradas».

Respecto de los recursos para robustecer la PGU, Montero plantea que se debe tener presente que aún restan dos meses de discusión de la iniciativa -la iniciativa tiene como plazo 60 días para ser despachada por el Congreso desde la fecha de ingreso del texto legal a la Cámara Baja-. Durante ese periodo, menciona que «probablemente haya sectores que quieran avanzar más decididamente en esta dimensión. Si se logra alcanzar un acuerdo más ambicioso, me parece bien, pero dentro del marco presupuestario que ha propuesto el Gobierno».

En tanto, Sergio Lehmann, economista jefe de BCI, sostuvo que «parecen bien los esfuerzos por mejorar las pensiones, algo que ha estado sobre la mesa durante largo tiempo. Ayuda a contener además presiones sociales».

Sin embargo, aclaró que «hoy las preocupaciones principales de la sociedad están en seguridad pública. Allí habría puesto aún más fichas».

Lehmann también dijo que el destinar más recursos a la PGU «permitirá ir elevando la tasa de reemplazo en Chile, esto es monto de la jubilación sobre el ingreso laboral, hacia estándares internacionales. Pero para tener una mirada completa, nos falta conocer la propuesta de reforma de pensiones. Recién ahí tendremos elementos suficientes para una buena evaluación».

Juan Ortiz, economista senior del OCEC-UDP, enfatizó en que «el PGU para 2023 estará acorde con lo definido, es decir no habrá un mayor fortalecimiento de este. En todo caso hay que tener en cuenta que, durante este año, aún falta lograr la cobertura necesaria en relación con los beneficiarios del PGU, por lo que en 2023 será el año de la consolidación en la cobertura esperada».

Mientras que a juicio de Pavel Castillo, economista en CORPA Estudios de Mercado, «la PGU casi universal puede ser un problema para el Estado chileno en los años que vienen». Lo anterior, considerando que «esos subsidios son difíciles de remover y destina muchos recursos a transferencias directas, que para ciertos grupos está bien, pero no es tan claro si un fundamento de universalidad sea lo mejor, probablemente esos recursos sean mucho más relevantes en otros ámbitos, como seguridad y salud».